Debieran anular las condenas, pero es un juicio político
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| Foto: Miguel Viñas, PL |
Fabio Marcelli es uno de los abogados que asistió este 20 de agosto como observador de la vista oral. También estuvo presente en las dos anteriores en representación de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, organización a la que pertenece.
«La defensa de los Cinco argumentó bien sus puntos, de manera que sale fortalecida la postura a favor del derecho y la justicia», agregó, vía electrónica, el jurista italiano.
—¿Qué perspectivas de éxito tiene la apelación de los cargos hecha por la defensa?
—El panel está compuesto por dos de los jueces que ya dieron prueba de objetividad declarando la nulidad de la condena. Sin embargo hay que tomar en cuenta el fuerte carácter político del juicio.
—¿Qué términos tiene el Tribunal para pronunciarse?
—No hay términos preestablecidos para pronunciarse; hasta ahora el Tribunal ha tardado entre seis y 17 meses, lo cual representa un rasgo negativo del sistema estadounidense y una violación más de los derechos de los acusados.
—Usted ha participado en las tres vistas orales de apelación realizadas hasta el momento, ¿cuál es su apreciación sobre la actuación de las partes (fiscalía y defensa)?
—La fiscalía sigue teniendo una posición fuertemente política, mientras que la defensa se basa en argumentos de verdadero peso jurídico.
—¿Cómo valora el comportamiento de las autoridades norteamericanas respecto a Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Rodolfo Frómeta... considerados internacionalmente como terroristas, y el tratamiento a los Cinco?
—La actitud de las autoridades norteamericanas demuestra que según ellas puede existir un terrorismo «bueno» que sirva a sus objetivos, lo que entra en fuerte contradicción con las expectativas de la comunidad internacional.
—¿Qué opina sobre las limitaciones que establece el gobierno norteamericano a las visitas de los familiares de los Cinco cubanos, y en especial a Adriana Pérez y Olga Salanueva, esposas de Gerardo y René, respectivamente?
—La limitación de las visitas de los familiares es una crueldad inútil, una verdadera forma de tortura.
—Como miembro de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, ¿considera que se ha ejercido el derecho al debido proceso?
—No. El derecho a la defensa fue injustificadamente limitado y el derecho al debido proceso previsto por la Octava Enmienda a la Constitución de Estados Unidos fue abiertamente violado, como reconoció el mismo panel de apelación y también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias.
—¿Qué acciones está realizando su asociación para que se haga justicia con los Cinco?
—La Asociación Internacional de Juristas Demócratas está promoviendo la participación de juristas como observadores internacionales del juicio. Por eso estamos aquí un grupo procedente de varios países.
—¿Cómo puede continuar influyendo el gremio de juristas a nivel internacional para que se respeten las garantías jurídicas y ciudadanas de estos hombres y sus familiares?
—Debería organizarse una conferencia internacional sobre el tema en que se presenten los elementos de interés desde el punto de vista del derecho internacional.
—En agosto de 2005, un Tribunal del Onceno Circuito de Atlanta declaró de forma unánime la revocación de las condenas y ordenó un nuevo juicio; antes, el grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la privación de libertad de los Cinco era arbitraria. ¿Ambas resoluciones constituyen base legal suficiente para haber puesto en libertad a los Cinco?
—Las autoridades estadounidenses tendrían que haber puesto en libertad a los Cinco después de ese juicio del panel.
—¿Cómo se entiende que un año más tarde esa decisión fuera revocada por un panel completo de 12 jueces del Onceno Circuito, que votaron 10 a 2?
—La decisión del pleno fue totalmente política, tomada por jueces que ni siquiera conocían bien el caso.
El 12 de septiembre de 1998 los Cinco fueron detenidos e inmediatamente después de su arresto se les aisló durante 17 meses. Tras un amañado proceso judicial fueron condenados desde dos cadenas perpetuas hasta 15 años de privación de libertad.
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