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Caracas, 18 ago (PL) Con la imputación al ex canciller Octavio Lepage por una masacre cometida en 1986, la justicia venezolana avanza hacia el fin a la impunidad que todavía hoy ampara a victimarios de un oscuro período nacional.
Lepage fue imputado la víspera en el proceso que se sigue por la masacre de Yumare, estado Yaracuy, donde fueron asesinados nueve venezolanos, crimen luego presentado y tramitado judicialmente como un encuentro armado con guerrilleros.
Este y otros casos similares se incluyen en un período de marcado carácter represivo contra la izquierda en toda Suramérica al amparo de dictaduras militares que llegaron a coordinar esas acciones ilegales en el denominado Plan Cóndor.
En Venezuela, sin embargo, las acciones de asesinatos, torturas y desapariciones se realizaron al amparo de la democracia, como fue el caso de Yumare, ocurrido bajo la presidencia de Jaime Lusinchi.
Para algunos como el vicepresidente venezolano, Jorge Rodríguez, Venezuela fue el laboratorio de ensayo del Plan Cóndor con la llegada desde fines de los años 60 del siglo pasado de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Según documentos desclasificados, luego de acordar el Plan Cóndor en 1975 en el cuartel de la CIA, el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, Manuel Contreras, visitó Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela para la coordinación.
Algunos especialistas en torturas de la CIA habían ocupado altos cargos en Venezuela, como el criminal de origen cubano Luis Posada Carriles (enviado al país en 1967) quien fue Jefe de Operaciones de la policía política venezolana (DISIP).
Lepage fue imputado por delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio y falsedad de actos y documentos.
Asimismo ayer se incluyó en la relación de investigados por el caso al general retirado Alexis Sánchez Paz por los delitos de homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego, con lo cual se llegó a la cifra de 29 imputados por el caso Yumare.
El entonces coronel dirigió un componente militar que apoyó a los funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) involucrados en la masacre, dirigidos por Henry López Sisco.
Recientemente el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez anunció que las autoridades venezolanas realizan los trámites para la extradición de López Cisco, quien se encuentra en Costa Rica.
Hasta poco antes de su fuga del país, López Cisco fue jefe de seguridad del gobernador de Zulia, Manuel Rosales, ex candidato presidencial opositor frente a la candidatura de Hugo Chávez.
El actual proceso del caso Yumare se abrió en julio de 2006 por el Ministerio Público, 21 años después de ocurridos los hechos.
Como parte de las investigaciones se realizó la exhumación de ocho de cadáveres y se hallaron pruebas en varios de ellos de tiros de gracia.
El propio vicepresidente Rodríguez, cuyo padre fue torturado y asesinado, ratificó recientemente la determinación de familiares de las víctimas de exigir "así pasen cien años, que se castigue a quienes promovieron esos asesinatos".
Tanto Rodríguez como el resto de los familiares aclaran que la acción no puede ser vista como una venganza, sino una demanda de justicia con la cual poner fin a la impunidad que ampara a los asesinos de un doloroso período de la historia venezolana.
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