Por: Marina Menéndez QuinteroDifícilmente un proceso revolucionario se libre de toparse con la reacción: sus fuerzas nunca aceptarán impasibles el cambio. Con tal presupuesto por adelantado, podrá entenderse mejor el ambiente caldeado que otra vez pretende implantarse en Venezuela, aun cuando la vía escogida por sus revolucionarios sea plenamente institucional y por tanto —y desde el primer día—, pacífica.
La reforma constitucional en debate supone lo que algún teórico ha definido como un «salto cualitativo» del proceso iniciado con la irrupción de Hugo Chávez en el poder, aunque la revolución pacífica solo haya entrado en materia hasta casi tres años después, con los decretos amparados en la ley habilitante de noviembre de 2000 que aseguraron el uso estatal de la renta petrolera, la colectivización de la tierra, la mejor explotación de la pesca... Por eso escandalizaron a la oligarquía, a la derecha política y a los mismísimos Estados Unidos, y resultaron detonante del golpe de Estado de abril de 2002.
De la misma forma, ahora, la reforma a la Constitución propuesta por el Presidente venezolano pretende sentar las bases institucionales que permitirían transitar, sin giros demasiado traumáticos, hacia lo que Chávez ha denominado Socialismo del Siglo XXI. Otra vez, la reacción busca frenarlo.
El ascenso de ese otro escalón del proyecto liberador, no pretende instaurarse por decreto. Oponerse está dentro de las reglas del juego; discrepar, por ende, también. Para que la gente se exprese se ha convocado al referendo del 2 de diciembre, consulta en la que la población será quien decida, marcando en la boleta SÍ o NO.
El lapso previo ha quedado abierto a la propaganda como en cualquier campaña, y las organizaciones partidarias de una y otra posición, se inscriben como bloques para tener derecho al uso de minutos televisivos que auspicia el gobierno. Son legales las marchas y los carteles. Pero aprovechar los espacios para atizar la violencia y provocar el caos sería jugar sucio, y podría llegar a extremos ya vistos de subversión, e irrespeto real a la democracia.
Confesión y manipulaciones
Hacia esa dirección apuntan los hechos acaecidos la última semana, justo después de que el Congreso aprobara el documento contentivo de los cambios a la Carta Magna, con lo cual el poder electoral, cumpliendo su cometido, libró la convocatoria a la consulta.
Sorprendentemente, el ex ministro de Defensa y hace muy poco retirado general Raúl Isaías Baduel, propinó un estacazo a las filas bolivarianas donde ganó prestigio, al calificar a la reforma de «golpe de Estado» durante una conferencia de prensa impensada, que los seguidores de Chávez calificaron de traición.
Con pocas horas de diferencia, se reportaban presuntos enfrentamientos en la Universidad Central de Venezuela que involucraban a estudiantes a favor del NO, y que dejaron varios heridos.
Luego se aclararían los pormenores de incidentes provocados, dijeron testigos, por grupos derechistas integrados mayormente por personas ajenas al centro estudiantil, quienes rodearon a jóvenes defensores de la reforma y, bajo la amenaza de agredirlos, los mantuvieron virtualmente secuestrados en un local durante dos horas.
Días antes, una manifestación de universitarios de escuelas privadas y públicas que objetan el referendo, llegó hasta el Consejo Nacional Electoral en una marcha que «coincidió» con el incendio de árboles en la céntrica avenida Bolívar, y con el intento de quemar también patrullas de la policía, refirió la Agencia Bolivariana de Noticias.
En medio de tantas coincidencias, no pareció casual que, pocas horas después, el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, calificara de «preocupante» los acontecimientos. Además de injerir, su declaración bien podría estar preparando el terreno para cualquier acción ulterior proveniente desde afuera.
«La administración de George Bush tiene sus manos metidas en el montaje de toda esa tramoya», aseguró el canciller venezolano Nicolás Maduro, en tanto la jefa del Parlamento, Cilia Flores, denunciaba que la oposición venezolana utiliza a los estudiantes para desestabilizar y darle un golpe de Estado a Chávez, mediante el uso de los mismos mecanismos aplicados en abril de 2002.
La contrarréplica, insistente, volvió después en la voz de Gordon Johndroe, a nombre del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien acusó el viernes al gobierno venezolano de «acudir a la represión» contra los estudiantes.
Apuesta a la desestabilización
Las estrategias cambian de un momento a otro; o son varias. Aunque, en un inicio, las fuerzas bolivarianas habían alertado que la abstención sería la vía usada por los contrarios a la reforma para detenerla, ahora parece ganar terreno el plan de desestabilizar mediante la violencia, y muchos aseguran que vuelve a apostarse al golpe.
A estas alturas, no debe pasarse por alto la erosión que su propia actuación errática y los fracasos en reiteradas lides electorales, han causado en las filas opositoras. Están sin cabezas visibles desde que la reposición de Chávez en 2002 sacó del ruedo al golpista Pedro Carmona y al falso líder sindical, Carlos Ortega. La derrota del referendo revocatorio de agosto de 2004 acabó de fragmentar a la oposición, y terminó de dejarla sin líderes: los que quedaban a esas alturas, perecieron asfixiados en sus propias contradicciones. Dos años después, en diciembre pasado, la aplastante reelección de un Chávez que ya anunciaba el socialismo, se materializó con el respaldo del 63 por ciento de los votantes: obtuvo casi el doble que su rival, Manuel Rosales, y este era la última carta de Estados Unidos.
Ello habla del desgaste de un adversario que hace apenas tres años era un cuerpo organizado y único. Y puede explicar las denuncias de quienes revelan que, hoy, muchos universitarios están siendo manipulados para engrosar y darle fuerza y autenticidad a la oposición.
El poder de las calles
Las avenidas están abiertas y también el debate antes de que lo hagan, finalmente, las urnas. Ya es difícil que algo pueda hacerse sin la gente, así que esas calles seguirán siendo escenario principal de los acontecimientos.
Como lo que está en liza no son hombres ni cargos, sino un proyecto, la discusión y el conocimiento del texto por la población, resultan trascendentes antes de que se ejercite el voto. Cuando algunas de las voces discrepantes alegan que no dominan el documento contentivo de la reforma constitucional, el llamado desde el gobierno es, precisamente, a que se siga conociendo, y se propague.
La consolidación del poder popular mediante los llamados poderes comunales, constituye una de las propuestas más novedosas dentro de ese salto que el mandatario venezolano ha bautizado como «revolución dentro de la revolución», y que quedaría estampado en la letra de la ley de leyes.
En algún sentido, una forma de poner en práctica, desde ya, ese mismo poder, es el denominado parlamentarismo de calle, en virtud del cual el proyecto presentado por el Presidente fue llevado a las organizaciones sociales y políticas de base y a las comunidades, y objeto allí de propuestas y enmiendas.
Como resultado de ese proceso, se recibieron 6 000 sugerencias o acotaciones al texto original entregado en agosto por el ejecutivo, dijo la revista América XXI.
Con esas sugerencias y las de los congresistas en tres revisiones del texto, los 33 artículos de la Constitución que eran objeto de cambios en la versión entregada por Chávez, se convirtieron en 69. Además, se propone la implementación de 15 disposiciones adicionales.
Los cambios al articulado sustentarán las transformaciones que adentrarán en una etapa superior al proceso. Alfabetización, salud, alimentos subvencionados, uso del petróleo para sufragar los planes sociales y para impulsar, hacia fuera, la integración regional indispensable a la propia sobrevivencia, han demostrado sus potencialidades y bastarían para convencer a los escépticos entre los sectores a los que va dirigida cualquier revolución: los desposeídos. Los oligarcas no son considerados enemigos pero, obviamente, siempre se sentirán dejados afuera.
A la distancia, puede que alguien se pregunte si era preciso, ahora, esta reforma a la Constitución: solo Chávez y el pueblo venezolano tienen la respuesta. Pero lo obvio es que toda gestación tiene su tiempo. El proceso parece a término. Y los beneficiados y protagonistas de lo hecho hasta aquí, pueden estar de acuerdo en no quedarse a medias.
Algunas propuestas
Aunque la posibilidad de reelección inmediata ha sido la reforma más publicitada dentro y fuera del país, hay otras propuestas trascendentes.
Una de ellas es la referida a la propiedad. La Constitución vigente, de 1999, garantiza el derecho de toda persona «al uso, goce y disfrute de sus bienes» al tiempo que somete la propiedad a las «contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general» y estipula que solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante indemnización, podrá declararse la expropiación. Ahora, al tiempo que mantiene la propiedad privada y la posibilidad de expropiación, la reforma a ese artítulo establece además otros cuatro tipos de propiedad: la pública, perteneciente al Estado; la social, del pueblo en su conjunto; la colectiva, de grupos sociales, y la mixta.
Igualmente relevante es lo relativo al latifundio: si hasta el momento ha sido declarado contrario al interés social y sujeto a gravámenes, ahora quedaría explícitamente prohibido.
También se proponen cambios en materia agrícola al estipularse que si fuere necesario para garantizar la seguridad alimentaria, la República asumirá sectores de la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícolas indispensables a tal efecto.
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